COINCIDENCIAS DEL 11/9
HÉCTOR FAÚNDEZ
/ EL NACIONAL
13 de septiembre 2013
Esta semana se han cumplido 40 años del
golpe de Estado en Chile. Durante la dictadura de Pinochet, organizaciones de
la sociedad civil en todo el mundo condenaron las atrocidades cometidas por los
militares fascistas, demandaron el fin de la represión y mantuvieron una
actitud vigilante ante tales desafueros. Sistemáticamente esas denuncias fueron
rechazadas por la dictadura como parte de una “conspiración contra la soberanía
de Chile.”
Desde el primer momento, gobiernos
democráticos como los de Suecia, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, México y
Venezuela se solidarizaron con las víctimas y aislaron diplomáticamente al
régimen militar. Pero se requería de instancias internacionales independientes
e imparciales que llevaran un registro de esos hechos y que adoptaran
iniciativas eficaces para proteger a quienes eran perseguidos por la dictadura.
Entre esas instituciones, a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos les cupo un papel prominente, pero esto también fue
descalificado por Pinochet como una “conspiración contra la soberanía
nacional.”
En 1975, la ONU estableció un Grupo de
Trabajo encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile,
cuyo mandato fue luego sustituido por el de un Relator especial de la antigua
Comisión de Derechos Humanos, con la misión de hacer un seguimiento a la
situación de los derechos humanos en dicho país hasta el fin de la dictadura.
Ni el Grupo de Trabajo ni el Relator Especial fueron autorizados para visitar
Chile y comprobar in situ las múltiples denuncias sobre violaciones de derechos
humanos. Su labor fue igualmente descalificada como “una intromisión en los
asuntos internos” del Estado y como parte de “una conspiración internacional
contra” el país.
Desde el momento en que se produjo el
golpe de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo
pendiente de la situación y envió a su Secretario Ejecutivo para que recogiera
información y le presentara un informe. Posteriormente, en julio de 1974, la
CIDH visitó Chile con la anuencia de la dictadura, pero a partir de ese momento
no se volvió a permitir una visita de la CIDH, a la que se acusó de estar
“parcializada” contra Chile.
A pesar de la falta de cooperación del
gobierno militar, la CIDH continuó dedicando en sus informes anuales una
sección especial a la situación de los derechos humanos en Chile. Además, en
1985 elaboró un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en
ese país. Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos aún no había
sido ratificada por Chile, la CIDH realizó importantes gestiones que
permitieron salvar vidas y rescatar de las garras de la dictadura a muchas
personas que la combatieron. Los chilenos demócratas tienen una deuda de
gratitud con la CIDH.
Conscientes de que los tratados de
derechos humanos son para proteger a los ciudadanos de sus gobernantes, la
primera medida del gobierno democrático que sucedió a Pinochet fue ratificar la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las teorías conspirativas, propias
de mentes fascistas, dieron paso a la garantía internacional de los derechos
humanos. Ese control internacional es el freno frente al abuso y la
arbitrariedad.
Este 40 aniversario del golpe de Estado en
Chile coincide con el momento en que se hace efectiva la denuncia de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Venezuela, por
considerar que la CIDH y la Corte Interamericana forman parte de “una
conspiración internacional” contra su gobierno. Que el Gobierno sostenga los
mismos argumentos de una dictadura despreciable no es mera coincidencia.
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