Nicolás Maduro, en la búsqueda desesperada de votos ha decidido terminar de hundir la economía
LUIS IZQUIEL
| EL UNIVERSAL
Domingo
24 de noviembre de 2013
La
Ley Habilitante, finalmente aprobada por el oficialismo a través de varias
acciones fraudulentas, constituye un instrumento inconstitucional y
antidemocrático que solo profundizará la inmensa crisis que atraviesa
Venezuela. Se trata de una maniobra demagógica que no va a resolver ninguno de
los problemas graves que aquejan al país.
La oferta principal en el planteamiento oficial de la Habilitante, es que a través de ella se aprobarán leyes que supuestamente son necesarias para luchar contra la corrupción, y disminuir la inflación y la escasez en el país, pero lo cierto es que esos instrumentos legales ya existen y no han servido para estos fines. Por ejemplo, desde julio de 2011 se encuentra vigente una Ley de Costos y Precios Justos que no ha contribuido a recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos. Desde que se aprobó la Ley Contra la Corrupción (2003) el país solo ha aumentado su posición negativa en el ranking anual de Transparencia Internacional. Asimismo, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (2010) no impidió que empresas de maletín saquearan más de $20.000 millones de Cadivi.
Las cuatro leyes habilitantes previas a la vigente (1999, 2000, 2007 y 2010), tampoco contribuyeron a mejorar el primer problema de los venezolanos: la inseguridad ciudadana. Mediante la última de ellas se aprobó la sexta reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la cual no logró influir en la reducción del retardo judicial o la impunidad. Si las leyes penales, sustantivas o adjetivas, sirvieran por sí solas para disminuir la criminalidad, Venezuela sería el país más seguro del mundo, ya que aquí existen más de 100.
Por otra parte, hay que acotar que las normas destinadas a restringir la libertad de las personas no pueden ser aprobadas mediante decreto presidencial (posibilidad incluida en la Habilitante vigente), ya que constituyen materia de reserva legal de la AN, institución que en teoría garantiza la publicidad de la discusión, el pluralismo político y la participación ciudadana. Lamentablemente hoy en Venezuela no existen poderes independientes que hagan valer este principio.
En el proceso de aprobación de la Ley Habilitante se hizo evidente nuevamente el secuestro del Poder Judicial y del Ministerio Público. La digna y valiente diputada María Mercedes Aranguren, fue objeto de un antejuicio de mérito sin fundamento, solo para que su suplente pudiera convertirse en el Diputado 99. Las instituciones del sistema de justicia, en vez de investigar y sancionar a los delincuentes que a diario atentan contra los venezolanos (gozan de un 98% de impunidad), están dedicadas a la persecución de la disidencia política. Esta es una de las causas principales de la inseguridad desbordada en el país.
A través de la Ley Habilitante, Maduro podrá legislar por decreto durante 12 meses. El principio de separación de poderes, propio de toda democracia, fue pisoteado de nuevo por el oficialismo. La participación del pueblo en los asuntos públicos, elemento siempre presente en la propaganda gubernamental, también ha sido conculcado.
La Ley Habilitante y las "fiscalizaciones" o saqueos institucionales, representan dos maniobras con un claro objetivo electorero. Nicolás Maduro, en la búsqueda desesperada de votos para el 8 de diciembre, ha decidido irresponsablemente terminar de hundir la economía nacional. Una apuesta suicida que terminará convirtiéndose en un peligroso bumerán para el Gobierno.
@luisizquiel
La oferta principal en el planteamiento oficial de la Habilitante, es que a través de ella se aprobarán leyes que supuestamente son necesarias para luchar contra la corrupción, y disminuir la inflación y la escasez en el país, pero lo cierto es que esos instrumentos legales ya existen y no han servido para estos fines. Por ejemplo, desde julio de 2011 se encuentra vigente una Ley de Costos y Precios Justos que no ha contribuido a recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos. Desde que se aprobó la Ley Contra la Corrupción (2003) el país solo ha aumentado su posición negativa en el ranking anual de Transparencia Internacional. Asimismo, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (2010) no impidió que empresas de maletín saquearan más de $20.000 millones de Cadivi.
Las cuatro leyes habilitantes previas a la vigente (1999, 2000, 2007 y 2010), tampoco contribuyeron a mejorar el primer problema de los venezolanos: la inseguridad ciudadana. Mediante la última de ellas se aprobó la sexta reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la cual no logró influir en la reducción del retardo judicial o la impunidad. Si las leyes penales, sustantivas o adjetivas, sirvieran por sí solas para disminuir la criminalidad, Venezuela sería el país más seguro del mundo, ya que aquí existen más de 100.
Por otra parte, hay que acotar que las normas destinadas a restringir la libertad de las personas no pueden ser aprobadas mediante decreto presidencial (posibilidad incluida en la Habilitante vigente), ya que constituyen materia de reserva legal de la AN, institución que en teoría garantiza la publicidad de la discusión, el pluralismo político y la participación ciudadana. Lamentablemente hoy en Venezuela no existen poderes independientes que hagan valer este principio.
En el proceso de aprobación de la Ley Habilitante se hizo evidente nuevamente el secuestro del Poder Judicial y del Ministerio Público. La digna y valiente diputada María Mercedes Aranguren, fue objeto de un antejuicio de mérito sin fundamento, solo para que su suplente pudiera convertirse en el Diputado 99. Las instituciones del sistema de justicia, en vez de investigar y sancionar a los delincuentes que a diario atentan contra los venezolanos (gozan de un 98% de impunidad), están dedicadas a la persecución de la disidencia política. Esta es una de las causas principales de la inseguridad desbordada en el país.
A través de la Ley Habilitante, Maduro podrá legislar por decreto durante 12 meses. El principio de separación de poderes, propio de toda democracia, fue pisoteado de nuevo por el oficialismo. La participación del pueblo en los asuntos públicos, elemento siempre presente en la propaganda gubernamental, también ha sido conculcado.
La Ley Habilitante y las "fiscalizaciones" o saqueos institucionales, representan dos maniobras con un claro objetivo electorero. Nicolás Maduro, en la búsqueda desesperada de votos para el 8 de diciembre, ha decidido irresponsablemente terminar de hundir la economía nacional. Una apuesta suicida que terminará convirtiéndose en un peligroso bumerán para el Gobierno.
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